Como funcionario LGBTQIA+, cuando me encuentro a personas de mi comunidad en la calle, siento una mezcla de empatía y responsabilidad. Sé lo importante que es que se sientan vistas y respetadas, especialmente en una sociedad que aún tiene muchos prejuicios. Siempre trato de hacer contacto visual y, si surge la oportunidad, ofrecerles una sonrisa o un gesto de apoyo. Para mí, es una manera de decirles, sin palabras, que no están solas y que hay personas en el ámbito público que trabajamos para proteger sus derechos.
Si presencio que un vigilante niega el ingreso a un baño público a una persona trans, actúo de inmediato. Me acerco a mediar y explico al vigilante que esa persona tiene el derecho de acceder a cualquier espacio público sin discriminación, tal y como lo establece la ley. Intento hacerlo desde la educación, ayudando a que el vigilante comprenda que su actitud vulnera derechos fundamentales y que debe garantizar el acceso para todos sin importar su identidad de género. Me resulta fundamental que cada persona pueda moverse libremente en los espacios públicos, y como funcionario me comprometo a hacer cumplir esos derechos.
En el caso de presenciar una situación donde alguien pide a una pareja homosexual retirarse de un restaurante, siento una profunda indignación. No solo es un acto discriminatorio, sino una negación de su libertad para ser quienes son. Intervendría con respeto, informando a quien realiza la queja que su incomodidad no justifica una actitud excluyente y que, de hecho, es esa pareja quien está en su derecho de disfrutar del espacio. La igualdad y el respeto son principios que defiendo, y no permitiré que el prejuicio de algunos limite la libertad de los demás.